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sexta-feira, 13 de dezembro de 2019

Impeachment a Trump: una visión



NODAL


Nodal ,um meio alternativo de periódicos na Argentina, nos revela alguns argumentos sobre o possível impeachment de Trump. Aponta etapas e luta entre Democratas e Republicanos. Leiam e deduzam. E daí, será que vai?
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Arantxa Tirado(*) y Silvina Romano(**) ( http://bit.ly/2YJQdCf)
El 24 de septiembre de 2019 la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE. UU.), la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de investigaciones para lanzar un juicio político o impeachment contra el presidente Donald Trump. Inició así el tercer proceso de impeachment contra un presidente de los EE. UU[1],una decisión basada en la supuesta vulneración de la Constitución en la que habría incurrido Trump tras la llamada telefónica al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, solicitándole investigar a Joe Biden, exvicepresidente y precandidato presidencial por el Partido Demócrata.
En el presente análisis apuntamos a ir más allá de la disputa entre demócratas y republicanos, procurando observar aspectos de fondo sobre la dinámica política estadounidense y los posibles impactos en América Latina.
Impeachment: qué es, cómo se inicia y qué pasos deben seguirse
El impeachment es un procedimiento presente en la Constitución de EE.UU., heredero de la tradición británica que lo instauró en su Parlamento en 1376[2]. Se trata de un mecanismo de control, en la lógica del “checks and balances” (pesos y contrapesos) inherente a la separación de poderes de la democracia estadounidense, que pretende evitar que el presidente cometa “traición” y “soborno” en su ejercicio del poder. Otra causa de impeachment al presidente, es que haya cometido “crímenes importantes y delitos menores” (conceptos bastante amplios, que pueden estar sujetos a diversas interpretaciones). También vale aclarar que este tipo de juicio político puede ser aplicado a otros funcionarios.
En el caso del presidente, se activa cuando un portavoz de la Cámara de Representantes se dirige al Comité del Poder Judicial de la Cámara para realizar la audiencia sobre una resolución de impeachment. El Comité debe aprobar por mayoría simple esta resolución para activar la votación en la Cámara. Si en la Cámara de Representantes hay una mayoría simple, se procede al impeachment del presidente o presidenta y, de ahí, se pasa al Senado, donde tiene lugar un juicio para determinar si el presidente/a ha cometido el crimen por el que se le imputa. Se supone que, previamente y en paralelo, la Cámara de Representantes, a través de diversos comités, inicia investigaciones conducentes a obtener pruebas para demostrar la culpabilidad o no del presidente[3]. El juicio, presidido por el juez de la Corte Suprema de Justicia, no tiene un procedimiento establecido y su conducción depende del liderazgo del Senado. Los representantes de la Cámara ejercen de fiscales y deben presentar las pruebas. El presidente puede hacer uso de un abogado durante el juicio. Para que el presidente sea acusado y, por tanto, expulsado de su cargo y sustituido por el vicepresidente, dos tercios del Senado deben considerarlo culpable[4].
Con respecto a Trump, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes[5] publicó un informe que concluye que el presidente obstruyó a la justicia y puso en peligro la seguridad nacional. A partir de este informe, la comisión judicial redactará las acusaciones contra Trump que serán cursadas al Senado. Es poco probable que el Senado destituya a Trump, pues es de mayoría republicana (algo que tuvo muy en cuenta Trump cuando dedicó notables recursos y energía a las elecciones legislativas, que definieron esta mayoría a su favor)[6]. De hecho, varios senadores republicanos han cerrado filas saliendo a respaldar públicamente al presidente[7]. No obstante, el impeachment es, hoy por hoy, el eje del debate político en EE. UU. A menos de un año de las elecciones presidenciales, el proceso y el resultado se ven como un pulso que puede decantar la balanza electoral.
El origen del impeachment contra Trump
El 25 de julio, Tump habló por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y le preguntó si podía hacerle un favor, investigando al rival político de Trump, Joe Biden, candidato demócrata a las elecciones de 2020. El hijo de Biden, Hunter, estaba vinculado a una empresa gasífera ucraniana, Burisma[8], como miembro de la Junta directiva (2014-2019). Trump quería que Ucrania averiguara si Biden utilizó su influencia política para beneficiar a su hijo Hunter, iniciando una investigación del Holding Burisma[9]. Trump es acusado de haber utilizado la ayuda militar de 400 millones de dólares a Ucrania como chantaje para obtener algún tipo de información sobre la presunta participación de Biden padre en la destitución de un fiscal ucraniano que tenía abierta una investigación sobre la empresa de la que Hunter Biden era directivo[10].
El “Ucraniangate”, como ya le llaman, fue el detonante último pero los rumores de impeachment provienen de la elección de 2016, a partir del Russiangate: la supuesta injerencia de fuerzas rusas en las elecciones estadounidenses para beneficiar al candidato Trump frente a Hillary Clinton.
El Russiangate fue más o menos zanjado con el Informe Mueller, presentado por el fiscal Robert Mueller III ante el Departamento de Justicia en marzo de 2019. En los dos tomos de su informe no se determina que el candidato Trump ni los responsables de su campaña conspiraran con la Federación de Rusia para ganar las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, aunque fueran conscientes de que los rusos querían ayudarles. Si bien contiene insinuaciones al respecto, en el informe no se prueba que el presidente obstruyera la labor de la justicia, aunque sí retrata a un Trump de ética cuestionable, por incurrir en “prevaricación y depravación”[11]. Quizás por no haberse convertido en la prueba irrefutable que se necesitaba para iniciar el impeachment contra Trump, se acudió a la carta de Ucrania como segunda opción.
La posibilidad que abrió el Russiangate fue retomada, desde noviembre, mediante proyectos de ley de la Cámara Baja, con mayoría demócrata[12]. Además, varios de los colaboradores de Trump están siendo investigados por corrupción. Hay miles de publicaciones dedicadas a dar cuenta de la corrupción en el Gobierno de Trump.
Impeachment y corrupción Made in America
Lo que llama la atención es que la corrupción, sobre todo la que articula la política interna con la externa, no es algo privativo o especialmente característico del Gobierno de Trump. Existen una serie de prácticas, como las presiones vía lobby empresarial y las puertas giratorias, que borran sistemáticamente la diferencia entre el interés público y el privado, legalizando y legitimando prácticas corruptas que son consustanciales al funcionamiento del capitalismo en EE. UU. y en el resto del mundo. Ambas están legalizadas, pero en su dinámica cotidiana (particularmente en política exterior) van dejando y acumulando huellas de tráficos de influencias, sobornos, amenazas y recompensas para el posicionamiento de exfuncionarios y sus familiares en cargos ejecutivos de empresas, etc[13].
En este sentido, vale preguntarse si será cierto que durante el Gobierno de Obama no hubo actos de corrupción escandalosos, o si lo que sucedió es que la prensa hegemónica, los principales medios, consensuaron no darle mayor visibilidad a determinados eventos[14]. Durante el último Gobierno demócrata, allegados y familiares de Barack Obama, Hillary Clinton, John Kerry y Joe Biden resultaron beneficiados por altos cargos en empresas de energía y donaciones recibidas por sus fundaciones, a través del lobby y la influencia política de los líderes demócratas[15].
Uno de los ejemplos es el del hijo de Joe Biden. Hay suficiente evidencia que da cuenta de cómo los hijos de Biden, no solo Hunter, se han beneficiado de la influencia política de su padre. En efecto, más allá de que la corrupción con el Gobierno de Trump pueda ser “peor”, o tenga más visibilidad, no quita las pruebas reunidas que dan cuenta de la corrupción del lado de los demócratas[16] -con pocas excepciones, como la de Bernie Sanders-[17].
El hijo de Biden creó una compañía de inversiones, Rosemont Capital, con uno de los Heinz (heredero del emporio del ketchup). Por más de seis años, Biden y Kerry negociaron acuerdos sensibles y de máxima importancia con gobiernos extranjeros, los mismos gobiernos con los que Rosemont iba concretando, al mismo tiempo, negocios muy exitosos. En diciembre de 2013, Biden viajó a China junto a su hijo Hunter, donde logró firmar un acuerdo bilateral orientado a relajar las tensiones entre EE. UU. y China. Diez días después del viaje, el Banco Central chino organizó una joint venture por 1.000 millones de dólares, llamada Bohai Harvest RST (el RS es de Rosemont Seneca, la firma del hijo de Biden)[18].
Igualmente, la presencia de los Biden en Ucrania se vincula al hecho de que, en 2016, donantes ucranianos financiaran con más de 1.000 millones de dólares a la Fundación de la Familia Clinton (¡superando a donantes de Arabia Saudí!)[19].
El árbol que tapa el bosque
Lo que facilita el impeachment actual es un consenso ideológico anti Trump, aunque es una falsa crítica puesto que proviene de los que luchan a toda costa por mantener intacto el capitalismo en su fase neoliberal. Hipocresía o perfecto funcionamiento de la reproducción ideológica que oculta las cuestiones de fondo. Su lógica es que el problema es Trump, no el sistema político-económico que permitió que llegara a presentarse a las elecciones y ganar; el problema es Trump, con su America First, y no el complejo industrial militar que vienen alimentando y ensanchando demócratas y republicanos desde la Guerra Fría; el problema es Trump y su “aislacionismo” que reniega de alianzas, y no la expansión de un sistema internacional asimétrico (y criminal, en particular en la periferia) construido con base en esas alianzas.
Los demócratas, sin candidato fuerte (probablemente por no haber apoyado en las elecciones pasadas a Sanders en contra de Hillary) recurren al impeachment como forma de mostrar que están haciendo algo. Pero, al final, apelan a la judicialización de la política porque carecen de la fuerza y las herramientas para derrotar a Trump por la vía política. El asunto es que esta vía tomada por los demócratas conecta y alimenta una dinámica cotidiana de judicialización de la vida en EE. UU.: el espectro judicial como el ámbito donde se resuelven (en apariencia) las tensiones y conflictos sociales, económicos, culturales y políticos.
Aún con estas pruebas, los think tanks liberales insisten en que el impeachment indica que la democracia en EE. UU. está más saludable que nunca. “El hecho de que el Senado probablemente no quite a Trump del Gobierno, no demuestra la ineficiencia del impeachment como herramienta, sino, al contrario, permite reflexionar sobre las peculiares y particulares transformaciones de la cultura política de EE. UU. que aísla al presidente de las consecuencias de la mala conducta”[20].
De esta afirmación se desprende que cambiando ciertas reglas o mejorando la fiscalización de los demás poderes sobre el Ejecutivo, la política estadounidense sería menos corrupta e incluso más justa. En parte es cierto, pero el modo en que está establecido el impeachment no parece apuntar al cambio de las reglas sino, más bien, al refuerzo de una serie de dinámicas, en particular la judicialización de la política, que se quiere demostrar como válida y como prueba de que la democracia en EE. UU. sí funciona.
Tal vez esto explique el show montado en torno al juicio político. Para que las preguntas y cuestionamientos queden en la superficie, en una disputa entre republicanos y demócratas que, en términos generales (sabiendo que existen personalidades, dentro de los demócratas que son la excepción), no postulan en sus objetivos inmediatos el cambio de las reglas de un sistema político a todas luces corrupto y, sobre todo, elitista.
¿Por qué en América Latina debe importarnos la corrupción en EE. UU.?
  • Porque EE. UU. sigue siendo la economía número uno del mundo, de acuerdo con su PIB, de modo que la corrupción masiva en ese país tiene impacto global[21].
  • Porque el presupuesto militar de EE. UU. es enorme, más grande que los presupuestos militares de los doce estados principales que le siguen[22] y esto supone un poder de coerción de facto que lleva al resto de países a asumir los dictados de la potencia estadounidense por la presión indirecta (o directa) de su potencial militar.
  • Porque se arroga el rol de policía anticorrupción a nivel mundial, tal como lo advirtiera Hillary Clinton: “Nosotros en los EE. UU. estamos en una posición privilegiada para predicar el evangelio de la anticorrupción”, que se ejerce entre otras instancias a través de la Foreign Corrupt Practices Act[23].
  • Porque interviene en la guerra anti-corrupción exportando su modelo de judicialización de la política (a través de asistencia para la “modernización” de los aparatos judiciales, cursos de actualización, intercambios de expertos, conferencias, etc.)[24].
  • Porque EE. UU., al erigirse como representante y garante de la democracia mundial, tiene un influjo político que proyecta al mundo, extendiendo y normalizando sus prácticas corruptas a terceros países a los que, no obstante, denuncia como corruptos para desviar la atención de su propia corrupción.
¿Cómo puede afectar el impeachment a América Latina?
Más allá de las diversas posturas que puedan plantear republicanos y demócratas en lo referente a América Latina (y que hemos evaluado en otros informes), un aspecto clave del impeachment es que envía un mensaje nuevo en un contexto de creciente guerra jurídica o lawfare en la región, reforzando la idea de que a través de los juicios se puede impugnar la voluntad popular emanada en las urnas. Aunque el impeachment sea un mecanismo constitucional, propio de EE. UU., ejerce presión al resto de países al mostrar que la vía legal podría ser la más indicada para remover a los presidentes que “no actúan con propiedad”. Esto profundiza la idea de la preeminencia del aparato judicial y “la ley”, sobre la soberanía popular, en detrimento de otras potencialidades de la democracia liberal (la representativa y la participativa).
A modo de ejemplo: el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras se justificó en que el presidente quería cambiar unos artículos de una Constitución que algunos tildaron de “pétrea”. Se afianza así la idea del inmovilismo que garantiza la legislación, apelando a consensos que pudieran estar incluso desfasados, frente a la flexibilidad y el cambio de las normas que algunas sociedades demandan pero que el establishment se niega a asumir. Podríamos preguntarnos en otros casos, como el juicio político a Dilma Rousseff en Brasil, o la destitución por la vía parlamentaria de Fernando Lugo en Paraguay (ambos golpes blandos) ¿qué aspectos de la democracia y del Derecho hicieron prevalecer? Luego de esos procesos, ¿la democracia en esos países es más “saludable”? ¿Sus sociedades son más justas y las mayorías gozan de una mejoría sustancial en su calidad de vida? ¿O al revés?
Algunas conclusiones
El impeachment contra Trump puede acabar convirtiéndose en un mal cálculo político de los demócratas que, apostando por erosionar la figura de Donald Trump, se encuentren con que el proceso lleve a su reforzamiento. El desgaste que supondrá el juicio político en un Senado de mayoría republicana, con pocas posibilidades de que el presidente sea removido, se unirá a las energías que los senadores demócratas tendrán que dedicar en detrimento de la campaña electoral. La coyuntura preelectoral puede acabar teniendo un efecto positivo para Trump, si logra presentarse como garante de la lucha por la justicia y en contra de la corrupción, venga de donde venga, y si logra darle la vuelta al proceso presentándose como “víctima de un establishment corrupto”. En este sentido, reforzaría el imaginario ya delineado durante la campaña anterior, cuando se asoció la imagen de Hillary Clinton a la de un Partido Demócrata defensor del sistema y el inmovilismo frente a los grandes problemas y cambios que requeriría la sociedad estadounidense para volver a ser esa potencia pujante que fue en algún momento (el America First).
Sólo un candidato demócrata outsider de su propio partido, como Bernie Sanders, podría mitigar esa imagen de los demócratas salpicados por las corruptelas o vinculados el Deep State que quiere acabar con Trump y, por tanto, con las esperanzas de cambio de un sector considerable de la ciudadanía estadounidense, que mira incluso hacia el socialismo[25]. Enfrentando a un outsider de verdad (Sanders) con un empresario que se presenta como outsider de la política, Trump, quizás los demócratas podrían recuperar terreno y credibilidad entre su propio electorado. Por el momento, el escenario está abierto y, en buena medida, los resultados dependerán de lo que suceda en estos meses con el impeachment a Donald Trump.
Lo que parece que no va a cambiar es la profundización que este proceso puede comportar a la hora de reforzar el imaginario de quienes defienden el uso de la ley para atacar o aniquilar al adversario político. En el caso de América Latina, podría otorgarle aún mayor legitimidad a la judicialización de la política, donde la ley y los poderes judiciales (no electos, por encima del soberano y sus decisiones electorales) terminan operando no tanto como contrapeso a los posibles abusos de poder, sino como arma del exterminio político. Esto es, en esencia, la guerra jurídica o el lawfare. Un proceso que está experimentando un crescendo preocupante y cuyo último capítulo es el intento de llevar a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de los golpistas bolivianos.
[1] Los dos anteriores fueron Andrew Johnson y William Clinton. A Richard Nixon también se le inició el procedimiento, pero los artículos del impeachment no llegaron a votarse en la Cámara de Representantes pues dimitió antes https://watergate.info/impeachment/articles-of-impeachment
[10]bbc.com/mundo/noticias-internacional-49830895
[17]  Además de ser uno de los pocos senadores no millonarios, Sanders se negó a apoyar la candidatura de su hijo Levi Sanders al Congreso, argumentando que no cree en las dinastías políticas.
[22] Ibid
(*) Arantxa Tirado. Dra. en Relaciones Internacionales e Integración Europea (UAB) (España).
(**) Silvina Romano. Dra. en Ciencia Política (UNC) (Argentina).
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