Por Rubén Armendáriz *
El próximo domingo 27 Argentina y Uruguay se elegirán nuevo presidente y legisladores, mientras que en Colombia se votará por nuevas autoridades de los 32 departamentos del país, los 1.122 municipios y el Distrito Capital de Bogotá.
Argentinas y argentinos votan por salir del gobierno derechista de Mauricio Macri, uruguayas y uruguayos decidirán si continúa el gobierno centroizquierdista del Frente Amplio y colombianas y colombianos irán a las urnas en un país donde a diario son asesinados dirigentes populares. El último domingo se realizaron las elecciones presidenciales en Bolivia.
Tres elecciones, diferentes, en una región sacudida por las creciente resistencia popular a las medidas neoliberales en varios países, que incluyeron un levantamiento en Ecuador, la disolución del Congreso en Perú al grito de “que se vayan todos” y una violenta represión a estudiantes en Chile, que desembocó en un estado de sitio.
Argentina vota por el regreso del progresismo
El domingo 27 de octubre los argentinos y argentinas elegirán presidente y vice, 130 diputados, 24 senadores y gobernadores de varias provincias. Todos, incluídas las encuestas, coinciden que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner obtendrá una victoria amplia, y una de las causas principales es el aumento explosivo de la miseria durante el gobierno neoliberal del actual presidente Mauricio Macri.
La definición electoral, sin embargo, dará paso a otros 31 días hábiles de transición hasta el 10 de diciembre, cuando deba entregar el poder. El pueblo siente que su decisión expresada en la elección primaria de agosto quedó sujeta a los marcos legales de una institucionalidad que le quitó fuerzas a la voluntad soberana de pueblo que reclamaba que se fuera ya.
No es lo mismo que Macri se hubiera ido hace meses atrás, o en agosto, que se vaya el 10 de diciembre. Las primarias y la esperanza de un nuevo gobierno progresista detuvieron el estallido social, similar al que están sufriendo otros gobierno neoliberales de la región.
Macri es un presidente devaluado, al igual que la moneda que depreció. La crisis se agravó desde la corrida cambiaria, en abril de 2018 e hizo eclosión con las elecciones primarias del 11 de agosto donde la oposición le dio una paliza electoral.
El país lleva 21 meses consecutivos de caída del consumo. La pobreza golpea casi al 40% de la población, 16 millones de personas, más del 35% de la población, es pobre en el otrora granero del mundo y tres millones son indigentes. Uno de cada dos niños vive en situación de pobreza, gracias a sus políticas neoliberales. El 64% de la población ve como negativa su gestión.
Dos flagelos principales se proyectan como riesgos que amenazan el futuro gobierno: la miseria en aumento y la deuda externa, en particular la más reciente, contraída por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La pérdida de autoridad política que sufrió Macri hizo que la nueva directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva se negó a negociar con él, hasta conocer el resultado de las elecciones. Traducido al español, dijo que Macri no tiene autoridad para firmar nada.
La deuda externa para fin del año superará el 90% del Producto Bruto Interno que se reducirá, al menos, un 4 %. Se calcula una caída de la capacidad de compra de los salarios del 20% y una tasa de desempleo superior al 12%. De ganar el opositor Frente de Todos, todo indica que será necesaria una renegociación de la deuda. Particularmente significativa la de los 57 mil millones de dólares con el que el FMI trató, sin éxito alguno, de apuntalar al actual gobierno.
La fuga de capitales en los casi cuatro años del actual gobierno superará los 72 mil millones de dólares, a través de diversos mecanismos que beneficiaron, en particular, al concentrado sector financiero nacional y sobre todo el trasnacional.
Antes de irse, Macri intenta lograr al menos una cantidad de legisladores que le permita a su corriente quedar como alternativa opositora; ordenar y limpiar las “suciedades” que dejó su paso por el gobierno, y garantizar una justicia amiga con un vendaval de designaciones de jueces y fiscales al fin de su desgobierno.
Ni él crea que “Sí, se puede”, su consigna para revertir resultados. Pero ni el blindaje mediático lo salva.
El problema adicional de tener un Presidente que no gobierna es que la crisis económica no se detiene hasta que pasen las elecciones e incluso hasta que entregue el poder, y ésta sigue devorando empresas, puestos de trabajo, reservas, salarios, jubilaciones.
En Uruguay, la oposición sueña con una coalición de derecha para segunda vuelta
Este 27 de octubre los uruguayos deberán elegir a su nuevo presidente y a los miembros del Parlamento. En el caso de la elección presidencial, la contienda se presenta reñida: si ninguno de los candidatos consigue un respaldo superior al 50%, el país irá a segunda vuelta el 24 de noviembre y ese es justamente el escenario que auguran las encuestas y aspira la derecha.
Si la gobernante coalición de centroizquierda Frente Amplio vota igual que en 1999, con alrededor de 40% de los sufragios tendrá una segunda vuelta mucho más complicada, ya que el Partido Nacional, el principal opositor, ha anunciado su intención de conformar un acuerdo o coalición entre los partidos de derecha, para imponerse en el balotage del último domingo de noviembre.
No hay certezas para los 2,7 millones de uruguayos llamados a las urnas y que tienen el deber constitucional de votar. Los sondeos reflejan una profunda división entre la centro izquierda, representada por el gobernante Frente Amplio de Tabaré Vázquez y ‘Pepe’ Mujica, al que apoyaría un 40% de la población; y la derecha, fragmentada en distintos partidos, que, de llegar a ponerse de acuerdo, sumaría alrededor del 50% de los votos.
El domingo 27 , la izquierda uruguaya se juega por primera vez en años su consolidada hegemonía. La campaña del Frente Amplio se ha centrado en los logros obtenidos en los últimos 15 años, en los que el país vio crecer su economía, redujo el desempleo y llevó a mínimos históricos sus índices de pobreza e indigencia. Además, consolidó una serie de derechos laborales y sociales como el matrimonio igualitario, la legalización del aborto bajo ciertos parámetros o la llamada ley trans.
Sin embargo, su candidato, Daniel Martínez, ha obviado en su discurso el balance de los últimos cinco años” en los que se ha visto un detenimiento del crecimiento económico y un aumento del déficit fiscal, la multiplicación de la violencia (en gran parte ligada al narcotráfico) y una percepción cada vez mayor de fragilidad en el empleo.
Por otro lado, se presenta una derecha, no ha logrado construir una esperanza que cale hondo en la opinión pública, que tiene, según las encuestas, un fuerte respaldo electoral, pero dividida en los distintos partidos. La derecha más allá de presentar propuestas sólidas para un “proyecto de país distinto, se ha centrado en capitalizar el desencanto de la población por la última Administración de Vázquez e instar al cambio de Gobierno como solución.
El principal reto de la derecha será lograr unir las fuerzas necesarias para gobernar, algo más complicado de lo que parece debido a las diferencias sustanciales entre los partidos y a la competitividad de sus líderes. Luis Lacalle Pou, el principal candidato opositor, anunció una coalición con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente para una eventual segunda vuelta qure, además, le permita mayoría parlamentaria para gobernar.
Al comienzo de la campaña, los partidos con mayor representación parlamentaria coincidieron en la intención de convencer a votantes “de centro”, pero el factor más disruptivo es, en la actualidad, la expresión electoral de la derecha. Es cierto que el crecimiento de la oposición se debe en buena parte a un aumento de los votos derechistas, pero también lo es que no se ganará el gobierno con un discurso netamente de derecha.
Del mismo modo en que el Frente Amplio ha confiado en que no había espacio “a su izquierda” para el crecimiento significativo de otra fuerza política, los partidos Nacional y Colorado confiaron en que no tendrían competencia relevante “a su derecha”. Sin embargo, hoy la tienen, debido al crecimiento del general Guido Manini Ríos y su ultraderechista Cabildo Abierto.
El legado de 15 años de gobiernos de centroizquierda han marcado a un país que deberá decidir entre dar continuidad a esa apuesta o si bien prefiere cambiar de rumbo y dar una oportunidad a las promesas de cambio con la llegada de la derecha a la silla presidencial.
Colombia: Elecciones regionales en medio de la violencia
En elecciones regionales este domingo 27 de octubre los colombianos elegirán más de 12 mil funcionarios públicos en los 32 departamentos del país, los 1.122 municipios y el Distrito capital de Bogotá, en medio de una atmósfera de violencia política que ya cobró la vida de siete candidatos.
La Defensoría del pueblo señaló que hay riesgo electoral en 418 municipios del país, principalmente con la presencia de grupos armados, paramilitares y narcotraficantes.
Las elecciones regionales definirán el rumbo que tomará la pacificación del país: son las primeras tras la firma de los acuerdo entre el Gobierno y el exmovimiento insurgente de las FARC. Si bien hoy existe una disputa por el control en los territorios antiguamente dominados por las FARC, se espera que la votaciones regionales en esos municipios puedan definir autoridades civiles que puedan superar como gobierno el problema de la violencia .
En esos territorios han ocurrido más del 60% del asesinato de los líderes sociales, de excombatientes de las FARC y el asesinato de líderes campesinos comprometidos con los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Estos actores armados ilegales buscan fijar sus reglas del juego para las elecciones de alcaldes y concejos municipales.
Esta campaña abre un interrogante sobre los partidos y su ascendencia en la gente. Las estructuras tradicionales pierden terreno y los votantes no se declaran mayoritariamente afines a ningún movimiento en particular. Los colombianos buscan que les solucionen un problema que los atormenta, la inseguridad. Ese es el principal dolor de cabeza que deberán entrar a resolver quienes asuman el próximo primero de enero.
Los riesgos asociados al fraude electoral persisten por los problemas relacionados con el arcaico sistema electoral como la compra de votos, el fraude al elector o la trashumancia electoral.
La división de las fuerzas progresistas pone en serio riesgo el avance de las fuerzas democráticas. El ejemplo más visible es el de las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, donde hay un empate técnico entre el derechista Carlos Fernando Galán y la centrista Claudia López, quien perdió cerca de 10 puntos que favorecen las aspiraciones de Hollman Morris, el candidato respaldado por el excandidato prresidencial Gustavo Petro.
Para los analistas, es muy importante el triunfo de la centroizquierda en la capital como un contrapeso al gobierno de la extrema derecha representado en el actual presidente Iván Duque.
* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
